Los firmantes hacen frente común con CEAPs ante la “injusticia histórica” que sufren las personas mayores, las personas dependientes y sus familias, obligadas a pagar un 10% de IVA si contratan el servicio de forma personal mientras que, por un idéntico servicio concertado o público, tributarían al 4%. Ese 6% más de IVA les ocasiona pagar de media un sobrecoste anual de 1.520 euros.

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